A CONTINUACIÓN EXPONEMOS DICHA MOCIÓN PARA MANTENEROS INFORMADOS.
DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL REGLAMANTO DE ORGANIZACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURÍDICO DE LAS CORPORACIONES LOCALES, EL GRUPO MUNICIPAL DE IULV-CA PRESENTA AL PLENO, PARA SU DEBATE Y APROBACIÓN, SI PROCEDE, LA SIGUIENTE
MOCION
EN CONTRA DE LOS DESAHUCIOS POR MOTIVOS ECONÓMICOS
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
Con el estallido de la crisis y el aumento del paro, centenares de miles de familias han llegado a una situación límite, que no les permite cubrir sus necesidades más básicas.
Según los datos del Consejo General del Poder Judicial, sólo entre 2007 y 2010 en el Estado Español se han producido cerca de 300.000 ejecuciones hipotecarias, y las previsiones dicen que entre 2011 y 2012 se podría llegar a la cifra de 500.000. A su vez más de dos millones de viviendas permanecen vacías por unas u otras razones.
La ejecución hipotecaria por impago del crédito hipotecario provoca la pérdida de la vivienda habitual para miles de familias cada año y además una condena financiera de por vida. En el procedimiento judicial hipotecario la vivienda se subasta y la Ley de Enjuiciamiento Civil establece que, en caso de no presentarse postores (lo que está sucediendo en el 90% de los supuestos), el Banco o Entidad prestamista puede adjudicarse la vivienda por el 60% del valor de tasación. Así no sólo se quedan con la vivienda por un precio mucho menor del que se tasó al constituir la hipoteca, sino que además una buena parte de la deuda se mantiene (una vez descontado el valor por el que se ha subastado la vivienda), incrementada por cuantiosos gastos judiciales y honorarios profesionales.
Además, como resultado de todo ello a las personas deudoras se le embargarán bienes e ingresos presentes y futuros hasta saldar la totalidad de la deuda.
La legislación que permite todo lo anterior es anómala y no tiene comparativa con las legislaciones de otros países de nuestro entorno, Además era muy desconocida por las familias cuando firmaron los contratos hipotecarios. Hecho que se suma a la publicidad engañosa con la que se comercializaron la mayoría de esas hipotecas, a la sobrevaloración en las tasaciones de las viviendas y al lenguaje de difícil comprensión utilizado en los contratos.
Ahora miles de personas descubren que cualquier impago, por pequeño que sea, puede suponer el vencimiento anticipado de todo lo adeudado, y que esos contratos hipotecarios contenían numerosas cláusulas abusivas, como es el caso de las cláusulas suelo-techo, o de los intereses moratorios que oscilan entre el 18 y 20%.
Todo lo aquí expuesto vulnera el derecho a la vivienda que como mandato constitucional está recogido en el artículo 47 de la Constitución Española, que dice: “Todos los españoles tienen derecho a una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Los efectos dramáticos de la situación descrita se concretan de una forma especial en el ámbito municipal, puesto que es a los Ayuntamientos a donde se dirigen mayormente las personas y familias afectadas en busca de ayuda.
La pérdida de la vivienda priva al individuo o familia de toda residencia y, a su vez, la ausencia de residencia, conlleva la pérdida de otros derechos e impide a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente, y en muchos casos las condena a la exclusión y marginación social y económica.
Es necesario intervenir con urgencia ante esta dramática situación.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Municipal de IULVCA de Pulianas, somete para su aprobación los siguientes
ACUERDOS:
1. Instar al Gobierno Central para que apruebe una moratoria total o parcial, sin intereses añadidos, de las deudas hipotecarias sobre vivienda habitual, a favor de las personas que se hallen en situación de insolvencia sobrevenida de buena fe, de tal forma que se eviten los procedimientos judiciales hipotecarios, las subastas de viviendas y los desahucios que están dejando en la calle a miles de familias.
2. Instar al Gobierno para que adopte las medidas necesarias para que en los supuestos de vivienda habitual e insolvencia sobrevenida de buena fe, se aplique la dación en pago regulada en el art. 140 de la Ley Hipotecaria, de tal forma que, a elección del deudor, se pueda cancelar, sin ejecución hipotecaria, la totalidad de la deuda pendiente con la entrega de la vivienda aunque ello no se haya pactado al constituirse la hipoteca.
3. Instar al Gobierno para que se adopten todo tipo de medidas tendentes a que los poderes públicos den cumplimiento efectivo al mandato del art. 47 de la Constitución Española, y se estudien salidas justas a la cuestión de las viviendas vacías.
4. Dar traslado de estos acuerdos al Consejo de Ministros, a los Grupos Parlamentarios del Congreso y del Senado, y al Parlamento Autonómico de Andalucía, y a los distintos colectivos sociales de Pulianas.
5. Más allá de las medidas de competencia estatal, proponer las siguientes medidas a emprender a nivel municipal:
5.1. Plantear la eliminación del impuesto municipal de plusvalía para las personas afectadas que sufran la pérdida de su vivienda en subasta y para aquellas que logren la dación de la vivienda en pago de la deuda, en aquellos supuestos que la ley lo permita.
5.2 Revisión de los protocolos de actuación de servicios sociales en casos de desahucio, y colaboración en pedir al juez la suspensión del desahucio cuando éste sea por motivos económicos y se refiera a la vivienda única y habitual.
5.3 No poner ni un solo policía local a disposición de las órdenes de desahucio.
5.4 Interpelar a las entidades financieras que operan en Pulianas para exigirles la paralización de los desahucios y la condonación de deudas ilegítimas fruto del actual proceso de ejecución hipotecaria.
5.5 Colaboración de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Pulianas en todos los casos que lo requieran.
La preocupante situación de desamparo en la que se encuentran miles de familias, asfixiadas por una situación laboral insostenible y por unas hipotecas fruto de la avidez sin medida de especuladores y entidades financieras, de una legislación que no ha hecho sino permitir el inflado de una burbuja que sólo ha estallado. Dicho estallido se ha producido en la cara de los ciudadanos y no en la de los verdaderos responsables, que además están siendo auxiliados con faraónicos rescates financieros pagados de los propios bolsillos de los ciudadanos. Asistimos a la privatización de los beneficios y la socialización de las pérdidas.
Cifras como la de más 5 millones de parados o el millón y medio de hogares que no tienen ingreso alguno, dan una idea de la dimensión del problema. En este país hay 2 millones y medio de viviendas vacías, la mitad de las cuales pertenece a los bancos.
Todo ello nos anima a continuar peleando por nuestros derechos en materia de vivienda, para que no sean ninguneados. Ningún país que se declare como desarrollado y democrático puede seguir abanderando y fomentando la especulación con el ladrillo, en resumen, con un derecho constitucional. No somos mercancía de políticos y banqueros. No queremos un futuro hipotecado.
En Pulianas a 7 de Mayo de 2012
